Cómplices / Hugo

Cicuta

Jaime Flores Martínez

Cómplices

Atrapado entre su trauma por pasar desapercibido y la obligación de quedar bien con los jerarcas del gobierno, el delegado de la PGR en Baja California Rafael González Cervantes se convirtió de pronto en la parte más delgada del tema Guillermo Trejo Dozal.

Y es que la semana pasada, el delegado González fue requerido por el equipo del procurador general de la república Jesús Murillo Karam para que explicara porque demonios no cumplimentó la orden de aprehensión girada en enero contra el secretario general de gobierno Guillermo Trejo Dozal.

Si González conocía el tema ¿porque diantres no ordenó la detención del funcionario? ¿No entiende que el gobierno federal es de extracción priista, mientras que Baja California es gobernada por el PAN?

González no podía decir que el doctor Trejo «estaba ilocalizable» porque el hombre despachó tranquilamente en su oficina del Centro de Gobierno durante los meses de febrero y marzo. Tampoco podía decir que los policías ignoraban la orden pues implícitamente reconocería encumbramiento.

Justo aquí entraría el eventual delito de encubrimiento por parte del gobernador Francisco Vega, porque al aceptarle la solicitada licencia estaba consciente que su funcionario estaba prófugo de la justicia. Lejos de sonreírle, abrazarlo y avalarle la licencia, el gobernador debió llamar a la policía para detener al doctor y de inmediato presentarlo ante la justicia federal.

En lugar de apegarse a la ley, el gobernador aprobó la licencia, le permitió retirarse, esconderse, utilizar recursos públicos que incluyen celular, vehículos, escoltas, viáticos y salario. ¡Eso se llama encubrimiento!

Y no se trata de una sentencia virtual contra el doctor Trejo quien debe ser juzgado por los tribunales. La intención de Cicuta es –solamente– visualizar el entorno de un funcionario metido en un brete legal.

El martes pasado Cicuta entrevistó al doctor Trejo sobre el espinoso tema de la orden de aprehensión girada por el juez sexto de distrito por el presunto delito de venta de seguros médicos sin la autorización de la Secretaría de Hacienda.

Trejo rechazó ser «prófugo de la justicia», pues desde hacía un mes había obtenido la suspensión provisional de la justicia federal. Y aunque el doctor Trejo argumentó la solicitud de amparo, esto no significa que la autoridad no pueda concretar la orden de arresto, especialmente porque se trata de un delito grave.

Si la petición de amparo impidiera el arresto, entonces el Chapo Guzmán andaría libre y cometería delitos descaradamente.

En la entrevista radiofónica del martes, el doctor Trejo estimó que su situación legal podría resolverse en un mes, aunque algunos expertos estiman que la sentencia de la solicitud de amparo podría llevarse el resto de este año. ¿En este tiempo el doctor Trejo recibirá su salario íntegro? ¿Qué pasará con los viáticos, los automóviles, celulares y escoltas de aquí a que se resuelva su situación jurídica?

Personajes dedicados a la observancia no descartan que el doctor Trejo puede ser inocente de los cargos imputados, aunque por lo pronto es “prófugo de la justicia”.

Al conceder la suspensión provisional el juez federal exige la comparecencia del solicitante, situación olímpicamente ignorada por Trejo. Al existir una orden de aprehensión Trejo sería inmediatamente encarcelado. En palabras llanas, la suspensión vale un pito al tratarse de un delito grave.

Hace un par de semanas, los mexicanos “pelaron los ojos” ante el arresto del secretario general de gobierno de Michoacán Jesús Reyna, a quien vinculan con el grupo delictivo conocido como Los Caballeros Templarios. Reyna se mantendrá arraigado mientras se prueba o descarta su relación con esa organización delictiva.

De regreso al Estado de Baja California, la tirante situación que priva en el gobierno parece preocupar a todos excepto a los gobernantes. Al no tener un secretario general de gobierno; contar con un secretario de seguridad pública “apestado”; una procuradora de justicia ausente y un delegado de la PGR acostumbrado “a nadar de a muertito”, esta Semana Santa es –sin duda–un respiro para la autoridad.

Hugo

A propósito de la crisis al interior del gobierno, hay quien se pregunta por qué el secretario de economía Carlo Bonfante Olache se ha mantenido con la cabeza enterrada.

Bonfante no enfrenta una orden de aprehensión (como en el caso del doctor Trejo) aunque es del conocimiento público que este funcionario también es investigado por el delito que involucra al doctor Trejo y otra media decena de personajes.

A mediados de la semana pasada, el periodista mexicalense Víctor Islas ubicó a Carlo Bonfante como un funcionario que podría crear desconfianza a los inversionistas extranjeros. No se entiende como alguna trasnacional podría invertir en Baja California si el secretario de economía se dedica al negocio de las transas.

Ya en una ocasión el columnista se refirió los vínculos entre Bonfante Olache y el ex asesor de Rommel Moreno Manjarréz en la procuraduría estatal. Se trata de Hugo Salinas, un profesionista especializado en transas que presume asesorar de tiempo completo a Carlo Bonfante. Si esto se apega la realidad, el licenciado Salinas podría ser quien concibió la venta ilegal de seguros médicos.

Cicuta.com.mx twitter: @jaimecicuta                      Lunes, 14 de Abril de 2014.