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DESPOTA, INEXPERTO Y PREPOTENTE
A Guillermo Peñúñuri Yépiz, Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Baja California, lo persiguen los escándalos.
Primerizo en la función pública, Peñúñuri Yépiz, es un abogado litigante, egresado de la Universidad La Salle de la ciudad de México, en la cual según sus dichos, fue compañero del actual presidente de la republica, Enrique Peña Nieto, de quien presume ser protegido, aunque todo apunta a quien lo ampara y protege es Luis Enrique Miranda Nava, subsecretario de Gobernación, este si, cautísimo del “preciso”.
Su mayor merito “profesional”, fue participar en la pasada campaña presidencial, en una de tantas asociaciones creadas para promover a Peña Nieto, en este caso la llamada «EPN Sociedad Civil».
Originario del estado de Sonora, este “verde” funcionario es por lo regular majadero e insolente, aunque no con todo el mundo. Dicen los que lo conocen, que se da “aires” de galán, por lo que con las damas de “buen ver”, es atento y gentil. Aunque la gran mayoría de “patan” no lo baja.
Una de sus primeas decisiones, fue despedir a cerca de una centena de funcionarios para poder acomodar a sus “cuates”, sin importarle la cantidad de años de servicio de los despedidos, menos tomo en cuenta la capacidad de estos… y la incapacidad de sus recomendados.
Guillermo Peñúñuri, que en su vida profesional mayormente litigo en materia de civil y mercantil, teniendo su despacho privado en la colonia Las Palmas, de la Delegación la Mesa de esta ciudad. Decidió que uno de sus primeros “bisnes” como funcionario federal, seria precisamente cobrar por medio de un socio de tiempo atrás, por “asesorar” al ISSSTE en materia jurídica.
Desconocedor de la normatividad oficial, independientemente de que le “valen madres”, decidió subrogar gran parte de los servicios jurídicos mediante adjudicación directa, con el supuesto fin de “dictaminar el estado procesal de expedientes; contestar demandas; elaborar informes de autoridad; ofrecer pruebas; asistir a audiencias; formular alegatos; interponer medios de defensa; elaborar, presentar y ratificar denuncias”. Aunque oficialmente se indico que es para “proporcionar apoyo legal externo”. Lo que sea que signifique eso.
La asignación del contrato la hizo irregularmente -por la cantidad del mismo, que es por varios millones de pesos-, ya que debió ser por licitación. Queriendo darle un barniz de legalidad, embarrando al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, que precisamente el preside, siendo los demás miembros sus empleados en la delegación. Por la urgencia del negocio, la adjudicación directa se concretó en reunión extraordinaria.
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, concretamente en su Artículo 42, dice: “para contratar adjudicaciones directas, cuyo monto sea igual o superior a la cantidad de 300 veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal (cerca de veinte mil pesos), se deberá contar con al menos tres cotizaciones, las cuales tendrán que haber sido obtenidas en los treinta días previos al de la adjudicación”. Repito para los cerca de cuatro millones que se contemplan solo en la primera etapa, debió ser por medio de una licitación pública.
Cínico como es, el delegado dice que quien lo aprobó fue el subcomité, y que el es solo un miembro más del mismo, teniendo su voto el mismo valor que los demás. Le cree usted, que su voto vale lo mismo que el de sus empleados? Que estos empleados le pueden llevar la contraria a su “patrón”? Yo tampoco.
El despacho jurídico contratado, es el del licenciado José Luis Hernández Mendoza, quien por cierto ha sido socio o compañero de litigio de Guillermo Peñúñuri Yépiz, principalmente ante los Juzgados Civiles de Tijuana. Y no hasta hace bastantes años como dice el delegado, sino hasta tiempos recientes, sino actuales, como se refiere en diversos expedientes judiciales.
Para mayor abundamiento, ambos tienen el mismo domicilio procesal, o despacho, si así lo quiere usted denominar.
Peñúñuri ignora la existencia de protocolos y mecanismos para la compra de insumos necesarios para el correcto funcionamiento de los hospitales de la institución en el estado, lo que ha provocado un desabasto total. Es secreto a voces, que la distribución de medicamentos está prácticamente agotada, y que los proveedores no han surtido por falta de pago.
La falta de mantenimiento, tanto a la infraestructura, como al equipamiento, tiene a gran parte de este fuera de funcionamiento, lo que provoca entre otras muchas cosas, que se sigan postergando procedimientos quirúrgicos, ni se diga de la falta de prótesis.
En una buena parte de las cirugías que se realizan en las instalaciones de la institución, los resultados no son los deseados, teniendo que repetirse la misma, y ni así los resultados son los adecuados. Viéndose en la necesidad muchos de los derechohabientes a acudir con médicos y hospitales privados, en detrimento de su economía.
Las subrogaciones –las cuales consisten en pagar a alguien externo, como puede ser un laboratorio particular, para que realice los estudios de un derechohabiente- se han convertido desde hace tiempo en un gran negocio, ya que normalmente no sirven los aparatos de las clínicas y hospitales del instituto.
Los edificios están en tan mal estado, que se pueden comparar con las de zona de guerra y de países quinto mundistas. El manejo de los residuos peligrosos, es otro tema que no ha merecido la atención del delegado, lo que en cualquier momento le puede causar un problema mayor.
Intoxicado de poder, se ha dedicado a proteger a su hermano, Fernando Peñúñuri Yépiz, doctor adscrito desde hace algunos años en la clínica Fray Junípero, el cual no goza de buena fama. Se dice que protegido como esta, no cumple con el horario laboral, no atiende a sus pacientes, cada vez que le da la gana abandona el hospital en horas de trabajo.
Casi todos los movimientos que se han realizado en el área médica, desde correr gente, hasta contrataciones, pasando por promociones a puestos directivos, han sido hechos por Guillermo, previa recomendación de su hermano Fernando. En muchos de los casos, estos nombramientos han recaído en gente sin experiencia, y que no cumplen con los requisitos necesarios, ni el perfil adecuado.
Personal del instituto, menciona que con la llegada de su “carnal”, a Fernando Peñúñuri le ha ido tan bien económicamente, que ya no recuerda que hace pocos años fue demandado por una hipotecaria, por la falta de pago de su vivienda.
En radio pasillo, son comunes las manifestaciones contra los abusos, actos de corrupción y nepotismo por parte del delegado. Otra de las comentadas irregularidades y/o ilegalidades, es la contratación de Jorge Camu Landeros, a cargo de la muy importante posición de finanzas, ya que independientemente que dicen que no cumple con el perfil, esta impedido de contratarlo al ser esposo de una prima. Con lo cual está violando, una vez más, la Ley de Responsabilidades. Y así podríamos seguir plana, tras plana.
Su principal deporte es pretender justificar lo injustificable, es decir… su incapacidad.
Por cierto, Guillermo Peñúñuri Yépiz, es uno de los evasores o deudores fiscales que aparecen en la reciente lista publicada por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
PRIVILEGIADO
David Saúl Guakil, este chilango avecindado desde hace varias décadas en Tijuana, y actualmente delegado federal por la Secretaria de Economía es sin lugar a dudas un tipo “suertudo” y “privilegiado”.
Con fama de hacer buenos “negocios” al amparo del poder, y sobre todo cuando ocupa algún puesto público o de elección popular. Antes de dejar su lucrativa chamba anterior en la alcaldía de Tijuana, logro que su compinche “el bucólico” Carlos Walterio Bustamiente… digo Bustamante Achondo, ordenara a sus esclavos de la secretaria de desarrollo urbano municipal, otorgaran todos los permisos necesarios, incluyendo el cotizadísimo uso de suelo, para la construcción de un edificio de once o más pisos, en el boulevard Sánchez Taboada, en plena Zona Río, a unos metros del Partenón o como lo denominan, edificio central de la secretearía de seguridad pública municipal… mejor conocido por el exrastro.
No conforme con lo anterior, en contubernio con la autoridad municipal, se apropio de la banqueta y prácticamente un carril de la conflictiva vialidad, con el riesgo que eso representa para los peatones, así como el aumento de conflicto viales, y hasta pleitos entre conductores que de repente se “les termina el carril de circulación” teniendo que cambiarse intempestivamente, lo que ha causado un buen número de accidentes.
Así como se apropio del Callejón Río Grijalva, del cual se dice dueño –así como de vidas y haciendas-, también lo hizo con el cordón de banqueta peatonal, lo que obliga a los peatones a utilizar el arroyo vehicular, exponiendo la seguridad física de los mismos, cuestión que es la que menos le interesa, lo suyo, lo suyo, lo suyo… es hacer “lana”.
Hizo lo mismo con un carril vehicular del bulevar Sánchez Taboada, donde puso otro cerco perimetral, demoliendo la mitad de la banqueta y ampliando la obra hasta tres cuartas partes del primero de los tres carriles con los que cuenta la citada vialidad en ese sentido para el tránsito.
No es de extrañar el tráfico de influencias en la anterior administración, lo que llama la atención es que la actual no haya intervenido para poner fin a las tropelías de David Saúl. Será como presume, que tiene todo el apoyo del doctor Jorge Astiazaran, o que ya les llego al “precio” a los de obras pública? Conste que es pregunta. La mejor opinión la tiene usted.
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INTRIGAS: Escrito por Ricardo Madrigal. Jueves, 16 de Enero de 2014.
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