Cicuta
Por Jaime Flores Martínez
Viernes, 16 de Diciembre de 2016.
¡Fuera!
Agobiado porque la muchedumbre le exige a gritos su renuncia, el gobernador de Baja California Francisco Vega de Lamadrid derogó la “Ley del Agua”, pero además buscará reconciliarse con los bajacalifornianos a través de la entrega de «migajas».
Muy pocos saben que, para suavizar la indignación de la gente por la cascada de aumentos, Vega anunciará –en breve– la cancelación de las revisiones ambientales vehiculares que arrastrará el cierre definitivo de los llamados Verificentros.
¡Estos últimos no fueron el negocio que suponían!
Kiko Vega espera que la gente aplauda esta decisión y que lo ovacionen por su evidente sensibilidad.
Apenas la semana pasada, al anunciar la suspensión del «emplacamiento», el gobernador dijo que «en breve» daría a conocer otras medidas en apoyo a las dificultades económicas de la población.
¡El gobernador se dijo sensible ante la crisis económica!
No hay duda que al gobernador no le importará aplastar el jugoso negocio de los Verificentros. ¡Al cabo que ni le conviene!
El anterior fin de semana el director de Comunicación Social del Gobierno del Estado Raúl Reynoso Nuño se enfrascó en un innecesario debate con la cónyuge del diputado local priísta Bernardo Padilla.
A través de Facebook, el señor Reynoso fustigó el “post” que la señora Padilla subió a las redes sociales.
La mujer aludía la Ley del Agua y Reynoso rebatía al señalar que «no se vale confundir a la gente».
Cicuta refiere estos «dimes y diretes» porque el propio gobernador Vega había rechazado hasta el cansancio que la Ley del Agua no la privatizaría.
Esa ley permitiría que la iniciativa privada realizara parcial o totalmente la construcción de infraestructura, la distribución, el suministro y la administración de los recursos provenientes del agua potable.
Mucha razón tiene Reynoso: ¡no se vale confundir!
De regreso el tema de los Verificentros, el gobernador Francisco Vega no encontró (en los Verificentros) el negocio millonario que le prometieron.
El sexenio pasado el entonces gobernador José Guadalupe Osuna Millán, acordó con Jorge Kahwagi Macari el establecimiento de Centros de Verificación en toda la entidad.
Además de tener una parte de los Verificentros (repartida entre ellos), la autoridad estatal se llevaría una parte del dinero recabado por concepto de verificación ambiental.
Si el propietario de cada vehículo paga 250 pesos, multiplicado por un millón y medio de vehículos, la derrama económica (cada año) sería de 375 millones de pesos.
¡Negociazo!
Sin embargo, las cuentas no le han salido especialmente por la corrupción que existe en los Verificentros.
Es del conocimiento público que «con una lana” los automovilistas obtienen su ¡holograma de verificación!
¿Y el gobierno? ¡Está ocupado con las protestas de las multitudes!
El asunto es que –con tal de desactivar el malestar social en su contra– el gobernador Vega decidió “sacrificar” a los Verificentros aunque le perfore el hígado a Kahwagi.
Seguro que este último no se quedará con los brazos cruzados, aunque el gobernador Vega le argumente que el acuerdo lo concretó con su antecesor.
En septiembre del 2010 el columnista refirió la negociación que hicieron el propio Kahwagi con el entonces secretario general de gobierno Cuauhtémoc Cardona Benavides.
Se supone que –en ese momento– se repartieron las concesiones de los Verificentros en toda la entidad, incluidos el propio Osuna Millán y el mismo Cardona.
Al ser el gobierno estatal el encargado de recaudar el dinero por concepto de la verificación, resultaba fácil saber el monto de los ingresos.
No obstante, el dinero obtenido no corresponde a la realidad, de tal forma que el actual gobernador brindará la cabeza de los Verificentros en apoyo a las vapuleadas familias bajacalifornianas.
Habrá que decir que el actual diputado federal panista Jorge Ramos Hernández, el ex gobernador Osuna Millán y el propio Cuauhtémoc Cardona Benavides, resultarán mayormente afectados pues su inversión en los Verificentros se la llevará el demonio.
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