Guadaña

Cicuta
Por Jaime Flores Martinez
Viernes, 07 de Agosto de 2015.
Guadaña
Encargado de realizar el inhumano descabezamiento de los empleados incómodos de la nueva Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Baja California, el ex oficial mayor del gobierno de Tijuana Armando Franco Bustos sacó su guadaña y cortó cabezas sin medir las consecuencias.
Con una frialdad que practicaría el mas insensible de los verdugos, la tarde del viernes 24 de julio don Armando Franco llamó el director administrativo, al contador general, a su auxiliar y a la encargada de recursos humanos para anunciarles que estaban despedidos.
Sin mayor preámbulo, tras reconocer que carecía de personalidad jurídica, don Armando se limitó a decir que solamente cumplía instrucciones de la titular de la Comisión.
Y no se trata de cuestionar el desempeño de un personaje que simplemente cumplía instrucciones, sino destacar la ilegal actitud de una persona que ni siquiera forma parte del organigrama.
Aunque el señor Franco cumplía instrucciones de la comisionada Melba Olvera, llama la atención que la titular no haya reparado en el error de comisionar a una persona que carece de facultades para realizar estas acciones.
Cicuta tiene la copia de la queja presentada el 27 de julio ante la delegación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en Tijuana, encabezada por Gabriela Navarro Peraza.
Los afectados relatan que el filo de las 2 de la tarde del viernes 24 de julio fueron abordados por Armando Franco Bustos (quien carece de nombramiento dentro del organismo) y por el coordinador operativo Emilio Mayoral Rodríguez.
Luego de convocarlos a una reunión urgente en las oficinas administrativas, el propio Franco les notificó que –desde ese momento– estaban despedidos.
Sorprendidos por el anuncio los afectados entendieron que la nueva titular requería integrar personal de su confianza, aunque nunca imaginaron que su destitución no incluía su liquidación económica correspondiente.
En otras palabras, don Armando Franco Bustos los corría sin pagarles su finiquito: “Eso lo vemos después”, les dijo con desinterés. Franco despachó como oficial mayor durante la administración del ex alcalde de Tijuana Carlos Bustamante Anchondo.
Las malas lenguas ubican a Franco como parcial responsable de la tranza realizada en el tema de las luminarias, donde el gobierno de la ciudad pago 140 millones de pesos a una empresa externa por la aparente reposición de más de 60 mil lámparas de la ciudad.
Desde aquel momento, don Armando Franco quedó etiquetado como un funcionario nebuloso.
Si alguien se pregunta como se enquistó Armando Franco con la nueva comisionada de derechos humanos en Baja California, la respuesta es muy simple.
Don Armando Franco es incondicional del diputado local priísta René Mendivil Acosta, quien maniobró entre los congresistas para lograr el ascenso de Melva Olvera al nuevo organismo defensor de los derechos humanos.
En próximos días el columnista revelará detalles sobre la relación Mendivil-Franco.
Un mes después del arribo de Melba Olvera a la nueva comisión, Cicuta reveló la existencia de una lista de empleados que estaban condenados al despido laboral. Esos 30 empleados representan una erogación superior a los 4.5 millones de pesos por concepto de finiquitos.
En entrevista radiofónica, la nueva comisionada se asustó ante la pregunta del reportero. A Melba le pareció excesivo el monto referido por el entrevistador. Dijo que no conocía esa lista. El entrevistador le dijo que se la mostraría.
Semanas más tarde el propio columnista refirió que, el compromiso de conseguir ese dinero para realizar las monetarias, lo estableció la actual diputada local panista Rosalba López Regalado, quien encabeza la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado.
La diputada López condicionó la gestión de ese dinero a cambio de la recontratación de la abogada Isabel Herrera, quien fue despedida por el anterior procurador de los Derechos Humanos Arnulfo De León Lavenant por haberlo traicionado.
De regreso el tema, los cuatro funcionarios despedidos injustamente la tarde del 24 de julio, representarán una erogación gubernamental estimada en 1 millón de pesos por concepto de liquidaciones. Ese monto representaría la liquidación al momento.
Si tenemos en cuenta que los tribunales laborales regresan de vacaciones el próximo día 9 el juicio podría ampliarse por un año, entonces aumentaría a unos 2 millones de pesos. Allí se integrarían los sueldos caídos.
Ah, otro dato, en las demandas laborales que arrastra la Comisión de Derechos Humanos, se integran aquellos empleados que fueron despedidos injustificadamente por Arnulfo De Leon Lavenant.
Cierto que este señor ya dejó de despachar como procurador, aunque el pleito en laboral continúa vigente.
Allí el monto estimado de liquidaciones fácilmente supera los 11 millones de pesos. En otras palabras el gobierno debe –en este momento– como unos 15 millones de pesos por concepto de liquidaciones solamente a empleados despedidos del organismo encargado de defender los derechos humanos de los bajacalifornianos.

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