Cicuta
Jaime Flores Martínez
Influyentes
Boquiabiertos se quedaron los usuarios de la Línea Sentri que la mañana del lunes primero hacían una larguísima fila por la Garita de San Ysidro rumbo a Estados Unidos. Dos policías municipales que se encargan de controlar el tráfico en el entronque previo a la garita, se pusieron de tapete ante el arribo de una camioneta Suburban gris blindada con placas de circulación BEC-152 SRE que utiliza el personal del Consulado de Estados Unidos.
A pesar de la indignación de un centenar de conductores que hacían cola desde antes de las 7 de la mañana, los uniformados le abrieron paso a los tripulantes de una unidad que debió transportar personal gringo.
Y aunque a los usuarios Sentri debió extrañarles tantísima amabilidad, el resto de los mortales deben saber que los policías municipales comisionados en la Línea Fronteriza deben esmerarse en el trato que ofrecen a personajes que representan a la autoridad norteamericana.
Al secretario de Seguridad Pública de Tijuana Alejandro Lares Valladares no le importa que le sangren las rodillas con tal de quedar bien con el vecino. Lares está convencido que su «patrón-patrón» es el gobierno de Estados Unidos, particularmente la DEA.
PDH
Concebida para defender los derechos humanos de quienes habitan en la zona noroeste del país, la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California se encuentra al punto del colapso.
Sin intentar encontrar culpables, un nobilísimo organismo torció su rumbo hasta convertirse en escenario de pugnas políticas y un auténtico nido de víboras. La grilla desatada contra el actual procurador de los Derechos Humanos Arnulfo de León Lavenant, se ha convertido en la coyuntura ideal para que personajes enquistados en la PDH despedacen a sus detractores que -en muchos casos- son sus propios compañeros.
La destitución de Isabel Herrera de la Dirección de Quejas parece el detonante de la anarquía interna. Herrera traicionó al procurador pues ofreció su cabeza a los diputados críticos. Con la promesa de ser colocada como sucesora de León Lavenant, la señora Herrera se atropelló en su intención y de inmediato fue destituida.
Agobiado por las críticas de sus detractores, el procurador es ubicado como soberbio e incluso tachado de corrupto. La diputada panista Rosalba López Regalado le regala cualquier cantidad de inmundicia. Lo acusa de malversación de recursos y de la injustificada destitución de personal. Aunque el procurador expone sus argumentos, la tibieza de estos los hace intrascendentes.
Francisco Castro Trenti, criticado subprocurador, fue nombrado hace unos días Director de Quejas de la PDH y de inmediato aplicó la guillotina al administrador general del organismo Ferrer Armenta Abril protegido del diputado local priísta René Mendivil Acosta.
Como si fuera agente del Ministerio Público, Castro Trenti selló la oficina de Armenta y manipuló los interruptores de energía eléctrica. Para colmo, en la sub procuraduría que Castro Trenti dejó acéfala fue nombrado Carlos Luna Herrera un personaje tan turbio que para observarlo hay que portar un reflector.
En medio de tanto conflicto y jaloneo interno, los empleados viven un ambiente de intranquilidad que impide el desarrollo pleno de las actividades. Alguien se encargó de filtrar que el futuro del procurador es la cárcel y por ello se especula que se plantará frente al gobernador Francisco Vega para entregarle su renuncia. Acorralado como se encuentra, en su retiro encontraría una salida digna.
Maruchan
Desesperada por mantener las migajas de poder que aún ostenta, la comunidad panista de Baja California está en inminente riesgo de despedazarse. En su intento por obtener un resultado decoroso en elecciones venideras, los blanquiazules recurrieron a la estrategia de afiliación masiva sin guardar las formas. Recientemente el PAN en Baja California recibió «la petición» de 12 mil personas que aparentemente quieren convertirse en blanquiazules, aunque la mayoría de ellos ni siquiera lo saben.
Funcionarios panistas encargados del manejo de los programas sociales «aportaron» un padrón de beneficiarios que supuestamente intentan convertirse en panistas. Sin tomar en cuenta los requisitos necesarios para obtener la afiliación, esos panistas de elite entregaron a su partido su padrón de beneficiarios.
Sin embargo, otros panistas que integran una corriente distinta al gobernador Francisco Vega de Lamadrid, descubrieron la cochinada y amenazan con presentar una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para darle palo a 12 mil afiliaciones que lograron en un tiempo cortísimo.
La faramalla panista utilizada en Baja California consiguió afiliar a «mil personas por día». Aunque nunca realizaron una convocatoria ni tampoco una invitación abierta para que ciudadanos comunes se afiliaran. Los panistas locales «abrieron» la afiliación por 12 días. Una segunda etapa está en puerta, donde pretenden integrar a otros 13 mil incautos y -de esta manera- contribuir con 25 mil nuevos panistas en Baja California.
Tan burda estrategia debió ser avalada por el gobernador Francisco Vega, aunque sus incondicionales debieron medir la reacción de sus detractores. Si bien los enemigos del gobernador Vega no obtienen ganancia al exhibir la desaseada inflamación del padrón panista, tampoco tienen nada que perder.
Cicuta.com.mx twitter; @jaimecicuta Lunes, 15 de septiembre de 2014.
Deja una respuesta