INTRIGAS
REVUELO
Gran revuelo ha causado en las redes sociales, el video de un ciudadano –en Ciudad Juárez, Chihuahua- el cual se niega en una “revisión precautoria” por parte de la policía municipal, en la que le ordenan abrir la cajuela de su auto para ser revisada –lo cual a final de cuentas consigue–, bajo el argumento de ser violatorio de la Constitución –lo cual por cierto es–, por más que la autoridad argumente que es con fines “preventivos”.
Según parece, los mandos en dicha ciudad utilizan –por lo menos en este caso– el criterio y el sentido común, ordenando al oficial que le permitiera retirarse, mencionándole este, que respeta sus derechos, pero como todo jenízaro defendiendo su derecho a detener a quien se le ocurra, les espeta que “gracias a las revisiones la autoridad local ha logrado decomisar armas y droga, así como el arresto de delincuentes”. Es decir, solo pueden y saben atacar la ilegalidad, con más ilegalidad.
El que no podía dejar pasar la oportunidad sin decir una estupidez, es el licenciado –que no abogado– “pemex”, por eso del “disel” que cobra como secretario de (in)seguridad pública municipal en Tijuana, el impresentable “camillero” Alejandro Ladres Valladares, el cual sin motivar, menos fundamentar, afirmo que son legales los filtros y revisiones que hacen los cuerpos policiacos. Lo dicho, “dise el” que es licenciado. Cuando en realidad lo que él quiso decir es que tiene un título de licenciado, que le dieron dios sabe porque. Pero conocimientos, capacidad y experiencia, está más que demostrado que no los tiene.
El alcalde, Jorge Astiazarán Orcí, más mesuradamente dijo que “los policías deben ser respetuosos al momento de revisar”, abundando en el tema, menciono que “al momento de realizar estos filtros o estas revisiones de rutina, la instrucción y la recomendación para los oficiales municipales era que fueran respetuosos con los ciudadanos; no obstante, afirmó que son necesarios estos filtros y se seguirán llevando a cabo”. Como doctor se le puede perdonar el desconocimiento del derecho… como funcionario público no.
Un alcalde que siempre presumió de ciudadano, de defensor de la gente, ahora resulta que como mandamás de la ciudad, lo que defiende es la violación de los derechos humanos de sus gobernados, y prácticamente la desaparición de las garantías individuales consagradas en la Constitución. Para eso quería ser alcalde? O para presumir los ochenta millones de dólares de corrupción? Conste que son preguntas.
Siguiendo con su acostumbrado rollo o choro, Astiazarán Orcí, sigue repitiendo –como se lo pide su hijo “tonto” o “putativo”, “el camillero”– que “la mayoría de delitos se llevan a efecto utilizando vehículos con vidrios polarizados y sin placas, y van tripulados además por personas sin licencia de conducir; así como que también, que han realizado varias detenciones debido a la estrategia de seguridad”. Las cuales son declaraciones tendenciosas, con medias verdades, faltas a la verdad… y como mínimo engaña “bobos”.
Parece que nadie le ha informado al “dotor Chapatín”, que la mayoría de los ilícitos se realizan con vehículos robados, los cuales no menciona como dignos de buscar en sus “filtros”. Además ahora resulta y resalta que para detectar y atacar las faltas administrativas al reglamento de tránsito, como son los vehículos con vidrios polarizados y sin placas, y que van tripulados además por personas sin licencia de conducir, solo se pueden hacer mediante los ilegales e inconstitucionales retenes o filtros.
Sería interesante saber para qué fregaos sirven los conocidos como “moto ratones”, es decir los elementos de tránsito, que solo se dedican a atracar principalmente en las principales vialidades, pero según se desprende de los dichos del “dotorcito”, no sirven gran cosa para inhibir las faltas al reglamento de tránsito, lo cual está reconocido implícitamente en dicha declaración de la autoridad.
Algo que llama la atención… por lo ilegal, es que Jorge Astiazarán afirme que son normales y rutinarias las “revisiones precautorias” a los ciudadanos. Lo cual indica que cualquier policía, muchos de ellos con cara antisocial, comportamiento rupestre y patanesco, y algunas veces con ligas con los criminales, por su sola voluntad… por no decir que le da por la gana, puede realizar una de esas “revisiones precautorias”, a cualquier ciudadano que se le atraviese. Donde quedo el sentido común, del que tanto presumía hace tiempo el alcalde? Sería bueno saber si de plano lo perdió… o le vale. Al fin político… aunque lo niegue.
Donde ya de plano demuestra que lo perdimos, es cuando expresa eso de que “les pedimos a los ciudadanos que tengan paciencia, porque lo más importante es bajar los índices de inseguridad”, es decir: paciencia… mientras violentamos sus derechos humanos y las garantías individuales plasmadas en la Constitución.
Sería bueno que su consejero jurídico Gerardo Herrera Zavala, dejara por unos segundos el andar correteando las “comisiones” de los laudos y otros bisnes, y le dé una que otra asesoría legal, al munícipe.
Como pregunta: en serio alguna de las autoridades involucradas en los “filtros”, tiene la suficiente calidad moral, para llevar a cabo ese tipo de procedimientos… que aunque sean ilegales, la gente se los aplauda… o por lo menos les confié.
Lo anterior también demuestra, que aunque hay un área de inteligencia –en la municipal–, donde está al frente un tal Gómez Miguel –de quien se dice que “el camillero” se lo llevo como recaudador–, el cual tiene fama de conocer a los malandros, a los cuales cobra o cobraba plaza a su paso por la estatal preventiva, pareciera que no tienen mapas de áreas conflictivas, que desconocen quienes son los malandros… a excepción de cuando pasan a cobrarles las cuotas, pero eso sí, tratan de demostrar que trabajan jodiendo a los ciudadanos con sus famosos filtros.
Nunca reconocerán que los índices delictivos se dispararon, por la ineptitud y corrupción de los cuerpos policíacos… a los cuales con justa razón, la gente les desconfía.
INSISTE
El Comandante de la II Zona Militar, General Gabriel García Rincón, insiste en su retahíla de que las revisiones «de rutina» no son ilegales. Como lo comentamos en alguna columna anterior, en su afán de defender los ilegales e inconstitucionales retenes, puntos de revisión, filtros o como les quieran nombrar, montados por las diversas corporaciones policiacas… y algunas administrativas –como es el caso del Instituto Nacional de Migración (INM o INAMI), la Secretaria de Corrupciones y Trastornos (SCT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), y otras– al general le ha dado por defender lo indefendible.
Llegando en el extremo de la insensatez, al afirmar que “la mayoría de los bajacalifornianos están a favor también de los filtros”, lo que demuestra que como mínimo está mal informado… o de plano alguien lo engaño con el citado dato.
Difícilmente los ciudadanos estarán de acuerdo con ser molestados, sobajados y hasta extorsionados por las diversas corporaciones en los citados “filtros” –aclarando desconocer casos de extorsión por parte de elementos militares–, eso sin contar el tiempo que se pierde cada vez que a una corporación se le “ocurre” desquiciar o de plano “desmadrar” el tráfico con algún punto de revisión, cuanta gente ha llegado tarde a la escuela, el trabajo o a alguna reunión por una situación de estas.
Curiosamente el señor general, al defender a las policías con sus “filtros”, no menciona cuantos y que tipos de decomisos se han realizado en los mismos. Sera porque la voz popular dice que en los mismos “no agarran ni un resfriado”. Es de sobra conocido, que por dichos retenes solo pasan ciudadanos que no deben nada, y que son sobajados y extorsionados por nimiedades, o de plano les “siembran” algún elemento ilícito. Los malandros, por alguna razón, siempre están enterados de la ubicación de estos… o de plano tienen “pase libre”.
En una de sus últimas declaraciones, asevero que “las revisiones de rutina que autoridades de diferentes órdenes realizan a los ciudadanos, a sus vehículos y a sus pertenencias en la vía pública, no se llevan a cabo de manera ilegal ni violan sus derechos a las Garantías Individuales”, lo anterior en contestación –pareciera apresurada, y contraria a la costumbre castrense de no declarar a la prensa, menos polemizar– a la polémica que se ha suscitado en redes sociales al respecto de un ciudadano que se defendió de tal ilegalidad.
García Rincón, afirma que por “lo menos el Ejército Nacional sí tiene atribuciones para llevar a cabo este tipo de revisiones en la vía pública, cuando de por medio se encuentra la seguridad y la protección de los habitantes”, siguiendo defendiendo su punto con: “hay tesis jurisprudenciales donde el presidente de la República puede utilizar las Fuerzas Armadas para garantizar el orden interno, también nosotros tenemos que coordinarnos con las diversas autoridades para garantizar la seguridad pública, y no se está violando ninguna garantía”.
Reconociendo que el general tiene más y mejor información que la mayoría de la gente, también las atribuciones del presidente, sobre todo para tiempos “difíciles”, la situación es que por lo menos hasta donde se sabe, el ciudadano presidente de la república no ha decretado estado de excepción alguno, por lo cual los dichos del general Gabriel García no proceden… por lo menos legalmente. O ya cambio eso de que nadie por encima de la ley? Conste que es pregunta.
Respecto a que “no se viola ninguna garantía con el hecho de que se le revise el vehículo, porque a final de cuentas lo que buscamos es que la ciudadanía viva en paz y viva con tranquilidad y con la seguridad de que en ese vehículo no se transporta ningún artículo ilícito”, aderezado con que “el procedimiento no requiere una orden judicial, ya que es parte de sus atribuciones y recordó que las fuerzas militares sustentan todas sus acciones con base en la Ley”. Aunque jamás menciona, menos fundamenta en que ley… a no ser que sea la ley de la fuerza…bruta. Pero como siempre, el ciudadano perderá, ya que es difícil enfrentar la palabra y la razón, contra una bola de “gorilas” armados, que normalmente de lo que menos entienden es de… razonamientos.
Así que al ciudadano no le queda más que la dieta de “agua y ajo”, es decir: aguantarse y a joderse. Con estas autoridades no hay para donde hacerse.
ADDENDUM
Esperemos que el “desaparecido” José Luis Hernández Ibarra, delegado de la Secretaría de Gobernación (SG o SEGOB) y “coordinador” de los delegados federales en Baja California, no se sienta “ofendido” con lo expresado en la presente columna, y como acostumbra, “ordene” al general o cualquier otro funcionario federal, proceder legalmente… o de cualquier “otra” forma.
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INTRIGAS. Escrito por Ricardo Madrigal. Jueves, 09 de Octubre de 2014.
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