#Componendas / #Abusivos / #Preocupados

INTRIGAS

#Componendas
En lo que pareció una muestra más del apoyo irrestricto del gobierno municipal del “dotor Chapatín” Jorge Enrique Astiazarán Orcí, hacia a la todas luces campaña adelantada de David Saúl Guakil para ser el siguiente alcalde tijuanense, el fin de semana pasudo le permitió el cierre de más vialidades colindantes con la nefastamente conocida como Torre Cosmopolitan.
El fin de semana pasado, Guakil realizo uno más de los múltiples eventos en que sé a inmiscuido a últimas fechas, para ser más precisos, a partir de su búsqueda de la presidencia municipal de Tijuana. Lo que llamo la anterior de lo ocurrido el sábado pasado, es que las autoridades municipales le permitió cerrar las calles aledañas a su edificio, con policías municipales incluidos, y entre otras muchas más “cosillas” la venta y consumo de alcohol en la vía publica.
Intente usted como cualquier “hijo de vecino” que le den autorización para cerrar una calle en su colonia (ya no digamos en plena Zona Rio, como fue el caso de este evento) para efectuar cualquier festejo o reunión (incluyendo las “altruistas”), verá usted hasta donde lo manda con “cajas destempladas” la autoridad. Así que Jorgito y compinches que lo acompañan, no pueden decir que no tienen candidato a su “sucesión”.
Este político de “medio pelo”, en su desesperación por “verse y sentirse” popular, se toma la foto con quien se deje, algo de lo que podría arrepentirse en un futuro cercano, cuando no falte quien, en época de campaña, le “restregué” algunas fotos que se ha tomado con personajes del “bajo mundo”.
En los actos realizados en últimas fechas por este folclórico suspirante a la alcaldía, se ha notado la presencia de personajes pertenecientes a partidos contrarios al susodicho, los cuales están documentando los más que posibles actos adelantados de campaña, lo cual puede causarle serios dolores de cabeza… por decir lo menos.
#Abusivos
En uno más de los abusos cometidos contra sus clientes, la empresa de telefonía celular telcel, está cargando –sin previo aviso- casi quinientos pesos a quienes se atreven a cambiar su plan tarifario a la baja. Es decir, a un plan con menor costo monetario para el cliente… y por lo tanto menos utilidad para la empresa. Y conste que nos estamos refiriendo a clientes que ya no tienen la obligación de un plazo forzoso de contratación.
Si el cliente se apersona en alguna de las oficinas de la empresa de telefonía celular a preguntar o reclamar el ilegal cargo, se le indica que es por norma y que no hay nada que hacer al respecto. Es decir que ya lo ingaron, y que no le queda más que la dieta de agua y ajo: aguantarse y ajo_derse.
Los pocos inconformes que tienen el conocimiento y el tiempo de ir a la PROFECO a poner su queja, logran que por intermediación de funcionarios de la dependencia, los pongan en contacto telefónicamente con personal de la empresa, quienes ante la intervención de la autoridad, no les queda más remedio que darle la razón al cliente, y “jurar” que procederán a cancelar el indebido cargo.
El problema es que los que concurren ante la autoridad, son los menos, por lo que al “embolsarse” lo correspondiente a la mayoría, las cantidades obtenidas son importantes… e irregulares.
Aunque los funcionarios de PROFECO están actuando correctamente, hace falta que su delegado Julio Felipe García Muñoz, piense menos en competir por la alcaldía de Ensenada, y piense un poco más en los consumidores. Los actos recurrentes de la citada compañía, lo menos que merecen es una supervisión de investigación, y que se apliquen las respectivas multas.
Es más, García Muñoz debe de informar a oficinas centrales de las irregularidades que están aconteciendo, para que estos tomen las medidas punitivas correspondientes. Lo anterior con el fin de salvaguardar los derechos de los consumidores e inhibir las “desaseadas” acciones de la empresa.
#Preocupados
Ante la ineptitud y corrupción manifiesta de las autoridades de vialidad y transporte municipal, encabezados por el impresentable “míster cochupo” José Luis Hernández Silerio, en palacio municipal ya no saben qué hacer. Muy preocupados están con las versiones de dos de las líneas de investigación del asesinato en semanas recientes de un líder de taxistas.
Una de las líneas llega directamente a Hernández Silerio y las múltiples denuncias penales en su contra por venta de permisos de taxis previamente “apropiados” con documentación ilegal (falsa, indebida y demás), que supuestamente el difunto “promovía” su venta. Según la investigación, en el secuestro previo a su muerte, los secuestradores pidieron una fuerte cantidad de dólares, se dice que se pagaron setecientos mil, aunque de todos modos fue ultimado. Cantidad acorde a la parte que (probablemente) supuestamente le correspondió en el millonario negocio.
Esa línea va unida a la de un posible “cobro de piso” por parte del crimen desorganizado local, con lo que se involucraría a ese par de nefastos e incompetentes del “camillero” Alejandro Ladres Valladares y de “falsati” Omar Green de la Cerda, el primero secretario de (in)seguridad pública municipal y el segundo encargado de despacho de la dirección de policía, ambos de Tijuana. Los cuales por más que niegan que ese tipo de situaciones se den en la municipalidad, la terca realidad se encarga de desmentirlos.
Ante el lucrativo negocio que representa para los funcionarios el transporte en lo general, hay que sumarle los llamados taxistas piratas, duplicados, amparados y demás, y a últimas fechas la ruta troncal (que tendra nuevos permisos) y ese nicho “descubierto” por Uber. Ante este caldo de cultivo, la ocurrencia de la autoridad fue realizar foros, los cuales tienen el mismo fin que las comisiones. Y como es bien sabido y además reza el dicho popular: “si quieres que algo no se resuelva, crea una… comisión, o un… foro”.
Acostumbrados a hacer lo que les da la gana (previa una “corta” o una “feria”), los trasportistas (sobre todo los disque “lideres”) siguen con su pataleo, pero sobre todo con la extorsión de diversas mafias… digo asociaciones de taxistas –principalmente los llamados taxis amarillos-, para sacar rajada o si usted lo prefiere ganancia, de la actividad de la empresa Uber.
Es normal que las organizaciones de taxistas “tradicionales” consideren desleal y ruinosa la nueva competencia, en este caso de la empresa Uber, ya que están acostumbrados a ser los dueños de todo el negocio y hacer lo que les da su regalada gana. Sin importar el pésimo estado de sus unidades (física y mecánicamente), muchas de las cuales son verdaderas “cafeteras” y hasta “ataúdes rodantes”… que solo circulan por los altísimos niveles de corrupción de las autoridades municipales, siendo responsables del “desmadre” en que convierten las vialidades de la ciudad, así como el comportamiento mal educado, violento y hasta peligroso de muchos de los choferes de estas unidades. Ya no se diga la falta de higiene, el abuso al cobrar, la falta de respeto al reglamento de tránsito y todo lo demás que usted quiera agregarle… con el beneplácito de los de pillos que son Hernández Silerio, Ladres Valladares y cía.
Incongruente como es Jesús Reynoso, secretario del sindicato de taxis económicos (más conocidos como taxis amarillos) de Baja California CROC, y empleado del mafioso dueño de los mismos Óscar Morales, se queja de que “la autoridad no tiene capacidad para regular el transporte en Tijuana”. Pero no se queja de las múltiples prebendas –algunas irregulares y hasta ilegales- esta misma autoridad “graciosamente” les concede.
Llama la atención el dicho de Reynoso en cuanto a que “están obligados a pagar hasta 60 mil pesos mensuales por el derecho a tener un sitio de taxis”, cuando es del dominio público, que con la complicidad y hasta beneplácito de las autoridades municipales (tanto panistas como priístas) se apoderaron de las calles y equipamientos urbanos en donde si instalaron en las dos garitas internacionales con que cuenta la ciudad. Sera que esa cantidad es de agradecimiento para la autoridad en turno? Conste que es pregunta.
Lo único “positivo” que tuvo el único foro efectuado hasta este momento (en las instalaciones de la CANACO local), es que Óscar Morales conocido por su agresividad, puso en su lugar a la Regidora Marta Rubio Ponce, quien está acostumbrada a hacer lo que le viene en gana… incluyendo sobajar a quien se le ocurra.
Rubio Ponce, quien a cambio de “prebendas” hace el trabajo “sucio” de los consentidos del “dotor Chapatín” Jorge Enrique Astiazarán Orcí, por lo cual ha sido premiada con la presidencia de las comisiones de cabildo de transporte y de (in)seguridad pública, además de la secretaría general del comité municipal priísta.
Marta Rubio, acostumbrada a ser la “consentida” y SENTIRSE LA “reyna”, por lo cual todo mundo tiene que obedecer cualquier deseo que se le ocurra, llamo al orden (en su acostumbrada forma prepotente) al malandro Morales, recibiendo por respuesta un contundente “usted cállese y pida la palabra, cállese” o lo que es lo mismo “que se callara, y que si quería hablar que pidiera la voz”. Sin que la defendieran, ni los muchachitos del “camillero”, ni los del “míster cochupo”. Que fue lo único que valió la pena del referido foro.
Uniendo la amenaza con la acción, la mafia que comanda a los llamados taxis amarillos, puso en operación otro irregular servicio de transporte público de pasajeros, empezando en la Garita de San Ysidro, con unidades no autorizadas (vehículos particulares), los cuales son vehículos sin estar pintados como este tipo de transportes, ni portar distintivo alguno. Y todavía presumieron que tenían trescientas de esas unidades.
Dueños de grandes zonas de la ciudad, en las cuales únicamente pagan una cuota a las autoridades, llámense de vialidad y transporte o de la policía municipal, no han sido molestados ni importunados en lo mínimo por parte de la disque autoridad.
Estos grupitos son famosos por agredir a la competencia… sin que la autoridad intervenga, es decir con total impunidad. Si la autoridad no tiene compromisos políticos y económicos con estos mafiosos trogloditas, ahora es su oportunidad de desbaratar ese monopolio. Ante el reto a la autoridad, estos están obligados a responder conforme a derecho, y con las facultades que las leyes y reglamentos les confieren… tomar las medidas punitivas correspondientes. Se atreverán? No lo creo… los compromisos y el negocio son demasiado… grandes.