Riesgos

CICUTA

Por Jaime FLORES MARTINEZ

Viernes, 13 de Marzo de 2015.

Riesgos

Atrapado entre la presión social y los intereses de acaudalados propietarios de empresas armadoras de vehículos nuevos, el presidente Enrique Peña Nieto es incapaz de advertir los riesgos del país por el incumplimiento al contenido del Tratado de Libre Comercio en materia de importación de vehículos usados.

Seguro que Peña Nieto pasa por alto que –hace una década– México protestó enérgicamente porque Estados Unidos incumplió el capítulo referente al ingreso de camiones de carga procedentes de México.

El vecino país cedió a las presiones de transportistas norteamericanos, quienes exigieron una serie de requisitos para permitir el ingreso de camiones de carga más allá de 25 millas de la frontera mexicana. Se dijo que los camiones mexicanos eran un cerro de chatarra que representaba un riesgo para las alfombradas autopistas estadounidenses.

Los gringos respaldaron la inconformidad y, sin empacho, cerraron la frontera a los tráilers mexicanos. En la administración del panista, Vicente Fox, México colocó un arancel altísimo a los camiones gringos que ingresaban en nuestro territorio y de esta forma se recaudaron unos 6 mil millones de pesos dólares por un impuesto inventado.

Consciente de su grave error, Estados Unidos permitió que los camiones mexicanos transportarán su mercancía en su suelo, sin restricción alguna. Obvio que al suceder esto, México dejó de obtener esa millonaria cantidad. Qué caso.

Hace más de un mes, Cicuta se refirió al marasmo de los congresistas nortea-mericanos a quienes no les importa los miles de vehículos usados que se apretujen en la frontera sur de ese país porque México decidió poner trabas a su importación.

Resulta que, desde el sexenio de Felipe Calderón, a la Secretaría de Hacienda se le ocurrió solicitar certificado de origen a los propietarios de vehículos usados que deseaban internarlos a México, y también les impuso un tabulador de precios salido de su calenturienta imaginación.

El gobierno mexicano le llamó “precios estimados”, que no es otra cosa que un desconsiderado incremento al valor de los vehículos gringos. Claro que la intención de fondo fue aumentar los impuestos para que el importador se arrepintiera de cumplir con la ley. La ventaja fue para los empresarios dedicados a la fabricación de automóviles nuevos en México.

Apenas en enero de este año, la administración de Peña Nieto refrendó las absurdas políticas implementadas por el gobierno panista. Avaló que Hacienda exigiera el certificado de origen, una medida absurda que obliga al importador a presentar un documento expedido por la empresa armadora sin importar que se encuentre en Detroit Michigan.

Si la persona que importa no tiene este documento, entonces debe pagar una cantidad estratosférica.

A la autoridad hacendaria le importa un nabo las innumerables manifestaciones de importadores y comerciantes de autos usados en la frontera, quienes exigen mayor flexibilidad para la importación de automóviles usados. Pareciera que al gobierno le importa más quedar bien con las fabricantes de vehículos nuevos en México, que velar por las necesidades de una sociedad sumergida en la pobreza.

El jueves, el senador panista, Ernesto Ruffo Appel, presentó en el pleno una iniciativa con proyecto de decreto para la modificación era ley aduanera en materia de importación de autos usados. Rufo Appel hizo un recuento de los absurdos métodos que dificultan la importación de automóviles a través de la imposición de nuevas reglas que solamente afectan el bolsillo de los más necesitados.

Al margen de las adiciones propuestas para la modificación de los artículos referentes a la importación de automóviles usados, el ex gobernador Ernesto Ruffo subraya que el gobierno mexicano debe hacer respetar el Tratado de Libre Comercio para Norteamérica.

Propone que en lugar de exigir el certificado de origen, solicitar al vendedor del automóvil notificar electrónicamente al gobierno mexicano el precio del vehículo susceptible importar. Así la Secretaría de Hacienda tendrá dos vías para probar que el importador compró realmente el vehículo en el monto declarado.

Si algún integrante de la cámara de representantes del gobierno norteamericano tiene 2 gramos cúbicos de materia gris, seguramente pondrá al presidente Peña Nieto en un serio aprieto. Aunque el actual presidente no suscribió el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, está obligado a respetar el contenido de un acuerdo que en 1994 se convirtió el documento más importante de la historia de nuestro país.

Lo destacable este asunto es la postura asumida por el presidente Enrique Peña Nieto, quien, a ojos cerrados, se puso de parte de los acaudalados dueños de las empresas automotrices. El primer mandatario pasa por encima de las necesidades de 70 millones de mexicanos.

Si nos referimos solamente a los habitantes de la frontera norte de México, tendremos claro que, en la franja fronteriza, los pobres tienen mayor oportunidad de adquirir un auto usado, aunque las excesivas políticas recaudatorias implementadas por el gobierno los orillan a sobrevivir en la ilegalidad.