Avarientos

Cicuta

Por Jaime Flores Martínez

Lunes, 08 de Agosto de 2016.

Avarientos 

Manipulados por rapaces servidores públicos que solo buscaban sacar provecho electoral, integrantes del «Movimiento no al cobro para residentes en la Caseta Playas de Tijuana» se reconocen ingenuamente decepcionados.

 Tarde se dieron cuenta que los servidores públicos que apoyaban su movimiento siempre becaron aprovecharse de ellos.

!Y que esperaban!

Para aquellos que desconocen el tema, al inicio de la carretera escénica Tijuana-Ensenada el gobierno federal opera una caseta de cobro.

Aunque dicha caseta se encuentra en un extremo de la ciudad, en esa zona  existen 17 fraccionamientos con una población superior a los 12 mil residentes.

Cierto que estos se encuentran en el polígono de Tijuana pero deben pagar cada vez que pasan por esa caseta. ¡Habrase visto!

Si bien tienen una tarifa «preferencial» (del 50 por ciento) otorgada por Capufe, cada familia eroga en promedio 120 pesos diarios.

Luego de una ardua lucha, encontraron eco en el periodo previo a la elección de junio.

Hasta ese momento, diputados federales y locales, además de funcionarios públicos acompañaron a este grupo en las distintas manifestaciones.

Algunos de ellos acarrearon aplausos y se tomaron fotos en un esfuerzo calificado como justo ilegítimo.

Según los integrantes de este movimiento encabezado por Mónica Jiménez, aquellos legisladores que junto con ellos liberaron la caseta de cobro parece que “se los trago la tierra”.

Al menos el diputado federal panista Jorge Ramos Hernández se comprometió a buscar una solución al conflicto, aunque ahora ni siquiera les toma las llamadas.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados ya no estima políticamente rentable este movimiento.

Desde el momento que ganó la alcaldía de Tijuana el panista Juan Manuel Gastelum Buenrostro, el señor Jorge Ramos sintió que las circunstancias no lo favorecian en su intento por alcanzar la gubernatura de Baja California.

Hace un par de semanas los integrantes del “Movimiento no al cobro para residentes en la Caseta de Playas de Tijuana”, denunciaron que los funcionarios “aparentemente” comprometidos con esta lucha incumplieron sus compromisos.

Cicuta charló con la presidenta del Movimiento Mónica Jiménez, quien se dice decepcionada por el incumplimiento de los funcionarios involucrados en el tema.

Aunque el columnista califica de “normal” el incumplimiento de los legisladores panistas, en mucho influyó el triunfo de Juan Manuel Gastelum por la alcaldía de Tijuana. ¡Si ya ganaron para que seguirle!

La señora Jiménez recuerda el compromiso asumido por el subsecretario de gobierno en Tijuana Enrique Méndez, además de los diputados federales panistas Jorge Ramos y María Luisa Sánchez.

El martes 7 de junio estos legisladores asistieron a una reunión convocada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Banobras para encontrar una solución al conflicto.

La mentada reunión fue encabezada por Jorge Martínez Contreras, director de Vinculación de la SCT con la Cámara de Diputados.

Al final de la reunión la propuesta fue que el gobierno federal buscaría incrementar el subsidio del 50 al 75 por ciento del costo de la caseta, mientras que el gobierno de Baja California debía encontrar la forma de contribuir con el restante 25 por ciento.

¡Los residentes de esa zona estarían exentos de pago alguno!

Y aunque el acuerdo fue que la solución sería en los 30 días naturales posteriores a esa reunión, hasta el primer día de agosto la autoridad federal y los señores diputados habían escondido la cabeza.

¡Que raro! ¡Si son rete cumplidos!

Por si alguien lo ignora en esos 17 fraccionamientos no cuentan con los servicios públicos que debía otorgar el municipio de Tijuana.

No cuentan con el servicio de recolección de basura y ellos mismos pagan el alumbrado público. ¡Pero si pagan el predial!

Aunque no lo han oficializado, uno de los residentes propone demandar al gobierno de Tijuana para que les reembolse las contribuciones por concepto de impuesto predial.

Los residentes de esa zona “no se la acaban” porque además de cumplir con gastos extraordinarios como la basura y el alumbrado público, de “pilón” deben pagar la caseta cada que salen a trabajar, al mandado o a la escuela de los niños.

En resumen, esos 12 mil habitantes de los 17 fraccionamientos mencionados, no les queda claro que esa caseta que “satanizan” bien podría representar la frontera del incumplimiento.

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