Cicuta
Por Jaime Flores Martínez
Miercoles, 30 de Noviembre de 2016.
Lamebotas
Dedicado a besarle los nudillos al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Gerardo Ruiz Esparza, al actual subsecretario de Infraestructura y Transporte Oscar Callejo Silva no le importa que lo tachen de soberbio e incapaz.
Con tal de quedar bien con sus superiores, al señor Calleja le importa un pito que lo califiquen de lambiscón.
¡Y todavía se atreve a cacarear su apoyo a “las causas sociales”!
Desde su arribo a la mentada subsecretaría (en agosto de este año) ¡don Óscar Calleja se ha dedicado a aplastar las demandas ciudadanas!
Resulta que –con tal de quedar bien con su patrón—el señor Calleja maniobró para que la SCT incumpliera su compromiso de aportar una parte del peaje de los 17 mil habitantes que viven después de la caseta de Playas de Tijuana.
¡Es inconcebible que estos mexicanos tengan que pagar la caseta cada vez que salen de su casa!
Si la señora va a dejar a los niños a la escuela debe pagar por salir y después por entrar. Al salir los niños de la escuela, la mujer debe pagar de nuevo.
El marido también debe pagar al salir a trabajar, aunque además se responsabiliza del pago de la entrada y salida de la muchacha que les auxilia en el trabajo doméstico.
La lucha de los integrantes del movimiento “No al cobro para residentes en la caseta de Playas de Tijuana» registró un revés el viernes 18 por culpa del flamante subsecretario Calleja.
Resulta que este hombre —por primera vez en su vida– utilizó una calculadora y descubrió que al aportar el 25 por ciento de los 31 pesos del peaje, significará una erogación (para la SCT) superior a los 2 millones 300 mil pesos al mes.
¿Por qué tendría que pagarlos la SCT?
¡Que se jodan esos 17 mil mexicanos!
Además, a él que le importa. ¡Ni vive en Tijuana!
En un artículo periodístico publicado el pasado día 17 en el periódico Milenio, el subsecretario Calleja subraya que la SCT “desarrolla una estrategia para aumentar la conectividad, con una marcada lógica regional, económica y social”.
Don Óscar Calleja, ex coordinador de asesores del secretario Ruiz Esparza, titula esa colaboración periodística como «infraestructura carretera del país, con sentido social».
¿Sentido social? ¡Si se dedica a besarle el anillo al secretario!
Como la mayoría de los políticos mexicanos, la estrategia de Calleja es que los integrantes del movimiento “No cobro para residentes en la caseta de Playas de Tijuana” se fastidien de insistir.
Durante las primeras reuniones, la hipócrita sonrisa del funcionario inyectaba una esperanza que –al paso de los días– se transformó en decepción.
¡Ahora Calleja ya ni siquiera toma las llamadas! Seguramente le dijo el secretario Ruiz Esparza que logró sacudirse a los latosos de Tijuana.
Y aunque Calleja es “la piedra en el zapato” de los residentes que demandan el libre tránsito a sus hogares, también tiene una gran responsabilidad el representante del gobierno de Baja California en la Ciudad de México Juan Antonio Martínez Zaragoza.
Éste último se dedica a escarbarse el ombligo en lugar de insistir en la promesa que hizo la SCT el 14 de septiembre pasado.
Si los habitantes de esa zona deben pagar la mitad de la tarifa establecida, la SCT aportaría el otro 25 por ciento mientras que el gobierno de Baja California aportaría otro tanto.
¡Pero el gobierno de Kiko Vega no tiene dinero! ¡Apenas y le alcanza para comprar inmuebles!
De esta forma, los habitantes de esa zona exentarían el pago de la caseta, que se traduce en una violación constitucional al libre tránsito. Todos ellos son mexicanos y por tanto libres de transitar en su territorio.
A principios de mes un tribunal colegiado en Baja California hizo llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una resolución para que el poder legislativo sea capaz de crear una ley que beneficie a las personas que están en la misma situación.
Cicuta no quiere suponer que los ministros de la suprema corte estarán a favor del Gobierno de la República, pues exentaría a esos 17 mil habitantes de la zona del pago de la caseta.
La SCJN sería incapaz de generar un descalabro financiero a las arcas del gobierno federal, mejor que les den el dinero a ellos…
¿Apoyarán los ministros al gobierno?
Naaaaaaa…
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