Cicuta
Por Jaime Flores Martínez
Miercoles, 17 de Agosto de 2016.
Hielera
Desconcertado porque su empleado regresó a Mexicali para decirle que le habían robado el dinero que llevaba a Tijuana, aquel funcionario reflexionó “a la velocidad de la luz”.
¡Eso no debía trascender!
Aunque era muchísimo dinero ¡no tendría manera de justificarlo!
Si bien la intención del Güero era presentar su denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Estado, el dueño del dinero le dijo que “no era necesario”. ¿No era necesario? Entonces ¿es dinero mal habido?
Naaaaaaaa ¡
Tan asustado estaba el dueño del dinero que hasta le dijo a su empleado que le repondría el vehículo Explorer que tripulaba al momento del supuesto robo.
Cicuta reveló el 1 de agosto que –aparentemente– el Güero había sido interceptado por un grupo de delincuentes por los rumbos de la colonia Libertad de Tijuana.
Justo por esa zona, el policía Carlos Martínez (el Güero) depositaría el dinero en una bodega propiedad de la familia de su patrón.
Esta era la enésima ocasión que trasladaba una fuerte cantidad de dinero hasta a la colonia Libertad de Tijuana.
Se supone que el dinero acumulado en ese amarillento lugar será utilizado en la campaña proselitista donde se relevará al actual gobernador del Estado Francisco Vega de Lamadrid.
Aunque el columnista omite el nombre de funcionario del primer nivel que busca relevar en la gubernatura a Kiko Vega, muchos lectores suponen de quién se trata.
Habituado al manejo de cantidades extraordinarias de dinero, el aludido tiene acceso a fuertes sumas de dinero en efectivo.
Martínez sabía que su patrón utilizará ese efectivo en la campaña política.
A su paso por la Cámara de Diputados, este hombre entiende que «un político pobre, es un pobre político».
Caseta
Como las dependencias federales involucradas recularon en su promesa de resolver la exención de pago de la caseta a unos 12 mil residentes de 17 fraccionamientos que se encuentran después de la zona de peaje Tijuana-Rosarito, la autoridad federal implementó la estrategia del amedrentamiento.
Para deslindarse de los compromisos adquiridos con los afectados, el gobierno de Peña Nieto utiliza a CAPUFE para hacer el trabajo sucio.
Algunos diputados de extracción panista saben que CAPUFE presentó una denuncia ante la PGR por el daño económico que generó el levantamiento de “las plumas” en la castea de cobro en las intermitentes manifestaciones.
La denuncia incluye activistas e integrantes del movimiento «No al Cobro de la Caseta a los Residentes de Playas de Tijuana».
Mientras que la SCT y BANOBRAS se arrepienten de las promesas que hicieron, CAPUFE se empuerca las manos al denunciar por daños a las vías generales de comunicación y por descalabrar los ingresos del gobierno federal.
El lunes 8 Cicuta se refirió a la injusta obligación que tienen los habitantes de 17 fraccionamientos que se encuentren después de la caseta de cobro en Playas de Tijuana.
Además de pagar sus contribuciones no tienen los servicios públicos, pero además tienen que pagar la caseta cada vez que salen de su casa.
El 6 de junio los representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Banobras se comprometieron a ofrecer una solución 30 días después. Hasta el 12 de agosto no habían tenido respuesta.
Los legisladores que apoyaron la causa se levantaron de hombros, al punto que los afectados aseguran que “ni siquiera toman la llamada”.
En un evidente intento de amedrentar, esos funcionarios mentirosos decidieron denunciar a los activistas, aunque también a algunos diputados.
Se trata de la averiguación previa número 1812/PP/2016 presentada ante la PGR, donde se incluyen los nombres de los legisladores locales panistas Gerardo Álvarez y Cuauhtémoc Cardona.
También está el nombre de la legisladora federal priísta Nancy Sánchez Arredondo y de residentes de esa zona que han destacado por su activismo.
El gobierno Federal incumplió sus promesas, aunque ahora decidió amedrentar a los ciudadanos inconformes.
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