Hierva

Cicuta

Por Jaime Flores Martínez

Lunes, 06 de Marzo de 2017.

Hierva

Atrapados en la maraña de intereses políticos y susceptibles a la manipulación de los jerarcas del gobierno, los regidores de los cinco municipios de Baja California tendrán en sus manos la oportunidad de eliminar el fuero a diputados locales, funcionarios de primer nivel e incluso integrantes del Poder Judicial del Estado.

Y aunque pareciera que la mentada «eliminación del fuero» corresponde exclusivamente a los diputados bajacalifornianos, es un hecho que la decisión final es de los «señores regidores».

El pasado jueves los diputados que integran la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, aprobaron por unanimidad la propuesta priísta de eliminar el fuero constitucional.

La propuesta incluye la petición al congreso federal, aunque también propone la modificación a la Constitución de Baja California para quitarle el fuero a los integrantes del Congreso del Estado y a los funcionarios de primer nivel del gobierno local.

Al ser aprobada por unanimidad en comisiones, todo parece indicar que este jueves los diputados de todas las fracciones partidistas representadas en el congreso estatal aprobarán esta propuesta.

Tal como lo marca la ley, el siguiente paso será solicitar «el aval» a los cabildos de los cinco municipios del estado.

Si tres de los cinco cabildos rechazan esta iniciativa, la reforma constitucional simplemente terminará en el bote de la basura.

Es aquí donde los cabildos pudieran convertirse en los verdugos de una iniciativa originada en el hartazgo social.

Los ciudadanos ya están cansados de que los funcionarios de primer nivel y los legisladores, puedan hacer lo que se les venga en gana sin el riesgo de ser canalizados a los tribunales.

Hoy día, esos señores están protegidos por la ley para no pisar la cárcel, a pesar de cometer cualquier delito.

Según un especialista en el tema, los regidores de los tres municipios gobernados por el Partido Acción Nacional están obligados a revertir una iniciativa presentada a principios de octubre por la fracción priísta de la actual legislatura.

Si los cabildos de Tijuana, Rosarito y Mexicali rechazan la propuesta legislativa, entonces evitarán que el ejecutivo estatal aplique «el veto» que se traduce en el congelamiento de la aprobación de los diputados.

En otras palabras, los alcaldes panistas de Tijuana Juan Manuel Gastelum, de Mexicali Gustavo Sánchez y Mirna Rincón de Rosarito, tendrán la posibilidad de manipular la decisión que tomen los integrantes del cabildo, aunque sean de partidos políticos distintos.

Observadores del otro escenario, estimó que sería muy riesgoso para el ejecutivo estatal el recurrir a ejecutar el veto, por qué tendría un altísimo costo político.

La modificación constitucional para retirar el fuero a nivel local, es preocupación de la autoridad estatal.

Más allá del miedo que pudiera tener algún legislador, los reflectores apuntarían hacia funcionarios de primer nivel del gobierno de Baja California.

Aunque existirían muchos con la cola larga visible, destacaría la posibilidad de aplicar la ley al actual secretario de economía Carlo Bonfante Olache por protagonizar un evidente conflicto de intereses con el actual gobierno.

Al retirarle un fuero que le permite carcajearse del mundo, Carlo Bonfante tendría que responder por la eventual defraudación cometida en contra del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por 239 millones de pesos.

Al margen de la creación de empresas de papel para expedir facturas y evitar el pago del IVA, Don Carlo Bonfante puede ser responsable de un conflicto de intereses, pues Industrias Zahorí es proveedor de la actual administración estatal.

En términos llanos, al gobierno panista no le conviene la eliminación del fuero constitucional y dispuestos a maniobrar políticamente, los jerarcas panistas maniobrarán para que los regidores blanquiazules se encarguen de rechazar la pretendida eliminación del fuero constitucional.

Los delincuentes crecen como la hierba.

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